Un informe de Durham reveló corrupción que podría significar este aturdimiento para Trump en 2024

Los estadounidenses han perdido su confianza en el gobierno y el informe Durham muestra por qué

¿Quién va a confiar ahora en el Departamento de Justicia? Tras el largamente esperado informe del abogado especial John Durham, los estadounidenses saben ahora que hubo una connivencia política generalizada y un engaño deliberado desde lo más alto de la administración Obama, la campaña de Clinton, los medios de comunicación corporativos y el Departamento de Justicia (DOJ), todo ello a favor de los demócratas.  

No sólo abusaron de su poder y mintieron al público, sino que parecen estar orgullosos de ello. 

Con estos hechos añadidos ahora a la larga lista de teorías conspirativas anteriormente disparatadas que se han hecho realidad, el ex presidente Donald Trump está esencialmente inoculado de cualquier procesamiento futuro en virtud de la desconfianza pública en un gobierno federal evidentemente armificado. Incluso si los fiscales consiguen de algún modo que un jurado partidista condene, el público lo verá como una caza de brujas política basada principalmente en la política partidista.  

LOS DEMÓCRATAS EXIGEN MÁS FONDOS PARA EL FBI MIENTRAS EL INFORME DURHAM DETALLA LOS FALLOS DE LA AGENCIA

Cuanto más intentan "pillarme", más fuerte le hacen. 

El abogado especial John Durham ha creado una tormenta de controversia con su informe recién publicado sobre la colusión gubernamental que apuntaba a Donald Trump. (Ron Sachs/Consolidated News Pictures/Getty Images)

Por esta razón, tanto demócratas como republicanos deberían temer lo que podría venir después si no cortan las alas a esta agencia federal deshonesta e instituyen serios cambios sistémicos. Si pueden hacerlo con Trump, y lo hicieron, entonces pueden volver a hacerlo con cualquiera. 

Una cosa ha quedado meridianamente clara: el Departamento de Justicia no puede y no quiere vigilarse a sí mismo. El DOJ no está dispuesto ni preparado para disciplinar y mucho menos para procesar a los suyos. Ésa es una de las razones por las que el trabajo del Subcomité Selecto sobre la Armatización del Gobierno Federal es tan vital. 

Para restaurar su posición como rama coigualitaria del gobierno, el Congreso debe perder su reticencia a esgrimir las pesadas herramientas de que disponen la ley y la Constitución. Puede y debe desarrollar un medio independiente para hacer cumplir las citaciones del Congreso.  

La amenaza de destitución de los burócratas confirmados por el Senado debe hacerse más temida. La Cámara de Representantes debe unirse para aplicar la que quizá sea la herramienta más poderosa: el poder del monedero. Y el Congreso debe reconsiderar y ampliar el papel de las oficinas independientes de inspectores generales (OIG) para garantizar que el Departamento de Justicia ya no pueda estar por encima de la ley.  

Los republicanos se han mostrado desconcertantemente reacios a ejercer el poder de destitución. Conseguir apoyos para destituir al Comisionado del IRS John Koskinen en 2015 fue una ardua tarea. No debería serlo. Si el Congreso no exige responsabilidades a los funcionarios de la administración, ¿quién lo hará? En virtud de la cláusula de asesoramiento y consentimiento de la Constitución, el Senado tenía voz e igualdad para confirmar a un burócrata y destituirlo, pero no lo hace. 

Del mismo modo, el Congreso no ha conseguido asegurar su propio poder de citación. Durante demasiado tiempo, se ha contentado con confiar en el DOJ para hacer cumplir las citaciones del Congreso. Pero ahora que vemos claramente que el DOJ aplica una prueba de fuego política a dichas solicitudes, el pueblo estadounidense necesita una nueva solución. Para los demócratas, las citaciones se ejecutan en un tiempo récord y con las armas desenfundadas. Para los republicanos, el DOJ sólo ejecutará las citaciones "legítimas" basándose en sus propios caprichos tras meses de revisión. 

El Congreso también puede aprovechar el poder del monedero para jugar duro denegando la financiación de la agencia hasta que el gobierno presente los documentos y testigos solicitados. Pero no lo hacen. 

Aunque todas esas opciones están sobre la mesa, quizá la solución más eficaz podría venir de la potenciación de los inspectores generales independientes del gobierno. En la actualidad, casi todos los funcionarios están sujetos a la revisión de una Oficina del Inspector General (OIG).  

Una cosa ha quedado meridianamente clara: el Departamento de Justicia no puede y no quiere vigilarse a sí mismo. El DOJ no está dispuesto ni preparado para disciplinar y mucho menos para procesar a los suyos. Ésa es una de las razones por las que el trabajo del Subcomité Selecto sobre la Armatización del Gobierno Federal es tan vital. 

La capacidad de estos investigadores para citar documentos, interrogar a testigos y sacar a la luz irregularidades ha aportado importantes pruebas y numerosas remisiones penales. Pero no tienen autoridad para tomar decisiones procesales, y probablemente deberían tenerla. 

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Para sorpresa de la mayoría, los IG tienen prohibido investigar las irregularidades cometidas por los abogados del DOJ. Tampoco pueden obligar a testificar una vez que alguien deja el servicio federal, y ambas cosas tienen que cambiar. 

Antes del informe Durham, hubo dos informes del IG sobre el engaño de la colusión con Rusia que sumaron más de 1.000 páginas. Incluían medidas disciplinarias y remisiones penales que el Departamento de Justicia ignoró. Las consecuencias de las infracciones cometidas por las fuerzas de seguridad federales han sido mínimas.  

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Incluso el ex abogado del FBI Kevin Clinesmith, que se declaró culpable de hacer una declaración falsa tras alterar un documento en la investigación del Huracán Crossfire, sólo recibió libertad condicional y servicios comunitarios por su delito. Falsificó documentos para efectuar una elección, ¡y ni siquiera perdió su licencia de abogado! 

Lamentablemente, el pueblo estadounidense ha perdido la confianza en algunas de las instituciones más importantes, los Centros de Control de Enfermedades y el Departamento de Justicia. Y esto puede muy bien impulsar a Trump de nuevo a la Casa Blanca. 

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