Muchos estadounidenses se sorprendieron al ver recientemente que una coalición de los políticos más radicales del país -la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, la representante Maxine Waters, demócrata de California, y el senador Richard Blumentha l, demócrata de Connecticut, por nombrar algunos- se unían para presentar una legislación de mano dura contra las empresas de pago entre particulares (como PayPal, Venmo, Zelle y CashApp) que han mejorado nuestras vidas. Blumenthal llegó incluso a enviar otra carta al director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) exigiendo una investigación sobre Zelle.
No me sorprendió ver ninguno de estos acontecimientos. Cuando formé parte del Comité de Servicios Financieros del Congreso de EEUU, incluido su Subcomité de Instituciones Financieras y Crédito al Consumo, no puedo decirte cuántas veces presencié cómo mis colegas demócratas intentaban directa o indirectamente apuñalar a estos procesadores de pagos advenedizos.
La mayoría de los estadounidenses saben que los políticos del gran gobierno tienen desde hace tiempo una vendetta contra Bitcoin y las demás criptodivisas actuales. Por supuesto, las consideran una competencia a la hegemonía del dólar estadounidense, en el que se basa la izquierda radical para financiar sus imprudentes prioridades de gasto. Estos políticos progresistas consideran que regular estas opciones del mercado privado y, en última instancia, sustituirlas por una criptodivisa gestionada por el gobierno es el único camino sostenible.
Sin embargo, menos estadounidenses son conscientes de que estos mismos políticos del gran gobierno también se han ensañado con PayPal, Venmo y el resto de procesadores de pagos entre particulares desde hace bastante tiempo, y por las mismas razones.
Los mandamases de la administración de Biden , especialmente el director de la CFPB, Rohit Chopra, han luchado agresivamente para convencer al pueblo estadounidense de que deje de utilizar PayPal, Zelle y similares como "sustitutos de una cuenta bancaria tradicional o de una cooperativa de crédito", que, según afirman riéndose, plantean problemas de seguridad. Pero sus súplicas no han engañado a los estadounidenses, millones de los cuales siguen utilizando a diario estas nuevas herramientas financieras.
Lo que nos lleva de nuevo a la legislación presentada en julio. Sin más opciones para salirse con la suya que la coacción gubernamental, la administración entregó la pelota a sus lanzadores de relevo favoritos en el Congreso -Warren, Waters y Blumenthal- para que reformaran las leyes de la nación a su favor.
La nueva bill que ha publicado esta camarilla de izquierdas, la Ley de Protección de los Consumidores frente a las Estafas de Pago, obligaría a los procesadores de pagos entre iguales a responder por cada caso de estafa que se produjera en su plataforma. Esto significa que cada vez que un estadounidense sea engañado por un mal actor para que envíe dinero por bienes y servicios inexistentes, estas empresas tendrán que pagar la cuenta.
Sin embargo, menos estadounidenses son conscientes de que estos mismos políticos del gran gobierno también se han ensañado con PayPal, Venmo y el resto de procesadores de pagos entre particulares desde hace bastante tiempo, y por las mismas razones.
Los promotores de la legislación afirman que esta bill es necesaria para proteger la seguridad pública, pero todo el mundo sabe que este argumento es completamente disparatado. Las estafas ni siquiera suponen un solo punto porcentual de las transacciones en estas plataformas.
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¿Se equivocan a veces los consumidores? Claro, pero estos errores no son el resultado de fallos de seguridad en estas aplicaciones.
Los errores que cometen los consumidores en PayPal y Zelle no son diferentes de cuando los ciudadanos envían ocasionalmente transferencias bancarias a los estafadores, pero no oyes a la administración Biden ni a sus lanzadores de relevo en el Congreso pedir que los bancos se hagan cargo de estas cuentas. ¿Por qué?
Pues porque el objetivo de su legislación anti-PayPal y Zelle no es realmente proteger al público.
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El verdadero objetivo de bill es doble: dificultar cada vez más económicamente que estas empresas sigan funcionando, y generar prensa negativa contra sus negocios con la esperanza de reducir sus enormes bases de usuarios.
El pueblo estadounidense no caerá en sus tácticas de miedo, y el resto del Congreso tampoco. Confío plenamente en que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dirigido por los republicanos, elimine este bill antes de que reciba siquiera unas bocanadas de oxígeno. Millones de estadounidenses saldrán beneficiados.