Trump tiene razón. Los "reembolsos" de medicamentos son en realidad comisiones ilegales

Imagina que eres cirujano pero pésimo en tu trabajo.

Haces chapuzas en las operaciones con regularidad y tienes un pésimo trato con los pacientes. Pronto se extenderá tu mala reputación. Pocos pacientes nuevos elegirán tu consulta.

Entonces, ¿cómo puedes impulsar el negocio? Bien, podrías ofrecer a los médicos de atención primaria locales un trato. Si te envían pacientes, les darás un 20% de comisión. Eso garantizaría un flujo constante de clientes.

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Afortunadamente, eso no sólo sería poco ético: sería ilegal. El gobierno federal prohíbe desde hace tiempo este tipo de sobornos, excepto en un ámbito de la asistencia sanitaria: los medicamentos con receta.

Cuando se trata de productos farmacéuticos, los acuerdos de "comisiones ilegales por flujo de pacientes" no sólo son legales, sino que son la norma. Cada año, las empresas farmacéuticas ofrecen lucrativos sobornos a las aseguradoras y a los proveedores conocidos como gestores de prestaciones farmacéuticas (PBM). A cambio, las aseguradoras y los PBM orientan a los pacientes hacia los medicamentos de marca de una determinada empresa, aunque los medicamentos de otra empresa sean más baratos o más eficaces.

La administración Trump propuso recientemente una norma para ilegalizar estas turbias comisiones ilegales. Esta reforma obligaría a las empresas farmacéuticas a competir entre sí para ofrecer los mejores precios directamente a los pacientes.

Así es como funciona hoy la cadena de suministro de medicamentos. Las empresas farmacéuticas invierten miles de millones de dólares en proyectos de investigación con la esperanza de desarrollar un medicamento. Si ese medicamento experimental recibe finalmente la aprobación de la FDA, la empresa se apresura a vender la mayor cantidad posible en los años siguientes, antes de que caduque la patente y los genéricos baratos inunden el mercado.

Pero antes de que la empresa pueda empezar a hacer grandes ventas, primero debe convencer a las aseguradoras de que cubran el medicamento. Al fin y al cabo, si los planes de salud no cubren el medicamento, es poco probable que muchos pacientes opten por pagarlo totalmente de su bolsillo.

Como resultado, las empresas farmacéuticas están dispuestas a ofrecer importantes descuentos a los gestores de beneficios farmacéuticos, las enormes y herméticas empresas contratadas por las aseguradoras para decidir qué medicamentos se incluyen y excluyen de los planes de salud. En 2017, las empresas farmacéuticas repartieron unos 150.000 millones de dólares en descuentos y reembolsos.

Estos reembolsos y descuentos suelen reducir el precio original del medicamento entre un 26% y un 30%. Pero a veces, los descuentos son mucho mayores. Por ejemplo, muchas empresas farmacéuticas venden insulina. Para convencer a los PBM de que cubran su marca concreta de insulina y dirijan a los pacientes hacia ella, las empresas farmacéuticas ofrecen a menudo descuentos superiores al 70%.

Cuando las aseguradoras y los PBM deciden cubrir un medicamento en función del descuento que ofrece el fabricante -y no de lo bien que funciona para los pacientes-, se distorsiona el libre mercado. Las empresas farmacéuticas compiten en función de quién puede ofrecer los mayores sobornos, no de quién puede ofrecer los mejores productos.

Peor aún, estas rebajas y descuentos ni siquiera reducen los gastos de bolsillo de los pacientes en la farmacia. Las aseguradoras y los PBM obligan a los pacientes a pagar copagos y coseguros sobre el precio original, sin descuentos, del medicamento. Una receta de insulina con un precio de etiqueta de 300 $ podría costar a las aseguradoras sólo 100 $ después de los descuentos. Pero los pacientes pagarían un coseguro -una parte fija, a menudo el 25%, del precio de etiqueta del medicamento- por los 300 $ totales.

En otras palabras, los pacientes pagarían 75$ por esa receta. Las aseguradoras podrían desembolsar sólo 25$ en total tras aplicar descuentos y rebajas y cobrar el coseguro a los pacientes.

Este sistema oculto de sobornos explica por qué, aunque los reembolsos se han más que duplicado entre 2013 y 2017, muchos pacientes han visto aumentar los gastos de su bolsillo en medicamentos. Y por eso las aseguradoras y los PBM han obtenido beneficios récord.

La administración Trump quiere acabar con este sistema corrupto revisando la ley federal antisoborno, la medida que impide los tratos corruptos entre proveedores sanitarios, incluidos cirujanos y médicos de familia.

Según la norma propuesta por la administración, sería ilegal que los PBM y las aseguradoras aceptaran descuentos y reembolsos a cambio de orientar a los pacientes de Medicare y Medicaid hacia un medicamento concreto. La norma crearía una excepción a esta prohibición: los descuentos serían legales si las aseguradoras los repercutieran a los pacientes en el punto de venta.

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Gracias a la norma, los pacientes disfrutarían de copagos y coseguros más bajos. Los beneficiarios de Medicare podrían ahorrar hasta 1.400 millones de dólares sólo el año que viene. De 2020 a 2029, ese ahorro podría ascender a 25.000 millones de dólares.

Igual de importante es que la reforma introducirá más transparencia y competencia en nuestro sector sanitario. Por fin obligará a las empresas farmacéuticas a ofrecer el mejor valor a los pacientes, no a las aseguradoras ni a los intermediarios dudosos.

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