FIRST ON FOX - José Ibarra, el sospechoso acusado del asesinato en febrero de la estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta Laken Riley, solicita una vista para suprimir una lista de elementos probatorios, entre ellos teléfonos móviles, un frotis bucal y cuentas de redes sociales.
Ibarra, un inmigrante ilegal de 26 años procedente de Venezuela, está acusado de atacar y matar a Riley, de 22 años, mientras ella salía a correr por senderos de tierra en el campus de la Universidad de Georgia en Atenas la mañana del 22 de febrero.
En concreto, Ibarra pide que se supriman "a) dos dispositivos móviles que el Estado cree que pertenecen al acusado y la información contenida en ellos; b) información genética y física tomada de la persona del acusado; c) el contenido de las cuentas de redes sociales del acusado, que incluyen Snapchat, TikTok, Facebook y Instagram; y d) datos de localización obtenidos de Google, Inc. en apoyo de esta moción", dice un documento judicial presentado el jueves.
La defensa de Ibarra alega que los objetos mencionados fueron recogidos ilegalmente por las fuerzas del orden y que los detectives entraron en su domicilio sin orden de registro. Pide que se supriman las pruebas en virtud de la doctrina del "fruto del árbol envenenado", que hace inadmisibles ciertas pruebas si se obtienen mediante medidas ilegales.
SE ACUSA AL SOSPECHOSO DEL ASESINATO DE LAKEN RILEY
La defensa de Ibarra afirma además en los documentos judiciales presentados el jueves que el sospechoso fue "detenido sin sospecha razonable de que hubiera cometido delito alguno el 23 de febrero de 2024."
Además de su solicitud de supresión de pruebas, Ibarra también pide que se excluya el testimonio de un testigo que realizó pruebas de ADN durante la autopsia de Riley, alegando que los resultados "no excluyeron al acusado, pero tampoco excluyeron a otro individuo conocido relacionado con el caso".
"Debido a la complejidad de la mezcla utilizada en las pruebas, éstas se analizaron utilizando el software TrueAllele Casework. Los resultados de este análisis fueron comunicados por [Ashley Hinkle, biólogo forense de la Oficina de Investigación de Georgia] el 3 de abril de 2024. Esos resultados dieron varias probabilidades de que la muestra en cuestión fuera más o menos probable que se tratara de un individuo concreto o de una coincidencia casual", afirman los documentos judiciales.
En mayo, un gran jurado de Georgia acusó a Ibarra de cargos de asesinato doloso, dos cargos de secuestro con lesiones corporales, dos cargos de agresión con agravantes con intención de violación, dos cargos de agresión con agravantes, obstrucción o impedimento para que una persona realizara una llamada al 911, manipulación de pruebas y ser un "mirón".
Se acusa al sospechoso de causar la muerte de Riley infligiéndole un traumatismo craneal por objeto contundente y "asfixiándola de una forma desconocida para los miembros del jurado", afirma el acta de acusación.
También se acusa al sospechoso de ir a una residencia del campus de la UGA, donde "espió a través" de una ventana y "espió" a un miembro del personal de la universidad el mismo día en que supuestamente mató a Riley, según alega la acusación.
Ibarra y sus hermanos, también en Estados Unidos ilegalmente desde Venezuela, vivían en un edificio de apartamentos que se encuentra en el borde del parque del campus donde corría Riley, presuntamente asesinaron a la aspirante a enfermera en lo que jefe de policía de la UGA Jeffrey Clark describió como un "crimen de oportunidad".
El tranquilo bucle arbolado por el que corrió Riley aquella mañana es fácilmente accesible desde detrás del complejo de apartamentos de Ibarra. Hay un paseo de cinco minutos desde la puerta de Ibarra hasta el lugar aproximado donde Riley fue encontrado muerto.
El sospechoso, de 26 años, cruzó ilegalmente a Estados Unidos por El Paso, Texas, en septiembre de 2022 y fue puesto en libertad condicional en EE.UU., según informaron fuentes del ICE y de DHS a Fox News. Su hermano mayor, Diego Ibarra, está acusado de fraude con el permiso de residencia y tenía vínculos con una conocida banda venezolana en Estados Unidos, según documentos del tribunal federal.
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La UGA declaró en febrero, tras la muerte de Riley, que la escuela ha invertido 16 millones de dólares "en los últimos ocho años para contratar más agentes de policía, instalar más cámaras de seguridad, mejorar la iluminación, establecer un programa nocturno de viajes compartidos y crear una aplicación UGASafe".
Desde febrero, la escuela ha destinado más de 7,3 millones de dólares a más medidas de seguridad, incluido un aumento del 20% del presupuesto de la policía de la UGA, luces azules de emergencia y un programa de viajes compartidos centrado en la universidad.
Está previsto que el juicio de Ibarra se celebre en noviembre.