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  • Human Rights Watch ha instado a Tailandia a que deje de obligar a los disidentes a regresar a países de origen peligrosos, alegando violaciones del derecho internacional.
  • Un informe documentó casos de autoridades tailandesas que expulsaron a disidentes en espera de reasentamiento, a menudo relacionados con camboyanos.
  • El gobierno tailandés colaboró presuntamente con países vecinos para espiar a disidentes.

Una destacada organización internacional de derechos humanos instó el jueves al gobierno tailandés a dejar de obligar a los disidentes políticos que huyeron a Tailandia en busca de seguridad a regresar a países de origen autoritarios, donde pueden sufrir tortura, persecución o muerte.

En un nuevo informe, Human Rights Watch afirma que las autoridades tailandesas violaron repetidamente el derecho internacional al expulsar a los disidentes, muchos de los cuales estaban registrados en las Naciones Unidas como refugiados y esperaban ser reasentados en terceros países.

El informe, titulado "Pensábamos que estábamos a salvo", analiza 25 casos ocurridos en Tailandia entre 2014 y 2023.

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Muchos de los casos se referían a la repatriación forzosa de camboyanos, con la presunta participación de personal de seguridad camboyano. Pero el grupo también enumeró casos en los que disidentes de Vietnam, Laos y China fueron "localizados y secuestrados", o "desaparecieron forzosamente o fueron asesinados".

Rescatadores tailandeses

Rescatistas tailandeses cubren un cadáver en la orilla del río Mekong, en la provincia de Nakhon Phanom, al noreste de Bangkok, Tailandia, el 27 de diciembre de 2018. Una destacada organización internacional de derechos humanos instó el jueves al gobierno tailandés a dejar de obligar a los disidentes políticos que huyeron a Tailandia en busca de seguridad a regresar a países de origen autoritarios, donde pueden sufrir tortura, persecución o la muerte. (AP Photo, Archivo)

Según el informe, a cambio de localizar y devolver a los disidentes, el gobierno tailandés recibió cooperación de Laos, Camboya y Vietnam para espiar a los disidentes tailandeses que habían huido de su propia patria para escapar de la represión política.

Human Rights Watch lo calificó de forma quid-pro-quo de represión transnacional "en la que los disidentes extranjeros se intercambian efectivamente por críticos del gobierno tailandés que viven en el extranjero."

El grupo afirmó que este tipo de acuerdos, conocidos informalmente como "swap mart", se hicieron cada vez más frecuentes después de que el ejército tailandés diera un golpe de estado en 2024 derrocando a un gobierno electo. El gobierno militar y respaldado por el ejército duró 10 años, hasta que el año pasado tomó posesión un gobierno civil electo dirigido por el primer ministro Srettha Thavisin.

"El gobierno de Srettha debe poner en marcha una investigación sobre estas denuncias de acoso, vigilancia y devoluciones forzosas de solicitantes de asilo y refugiados en Tailandia. Debe investigar la desaparición de activistas tailandeses antijunta en otros países del Sudeste Asiático", declaró a The Associated Press Elaine Pearson, directora de la División Asiática de Human Rights Watch.

"Creo que existe la oportunidad de poner fin a esta práctica y de que la administración Srettha demuestre que es diferente del anterior gobierno dirigido por los militares", añadió.

Señaló que el gobierno tailandés busca actualmente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "y eso conlleva la responsabilidad de proteger los derechos humanos".

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El informe citaba nueve casos de activistas tailandeses en Laos y Camboya que desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas.

Los cadáveres mutilados de dos activistas desaparecidos fueron hallados a finales de 2018 flotando en el río Mekong. En 2020, un joven activista tailandés, Wanchalearm Satsaksit, fue secuestrado en la calle en Phnom Penh, capital de Camboya, y nunca más se supo de él.

Las autoridades tailandesas han negado reiteradamente cualquier relación con tales hechos.

La Dra. Francesca Lessa, profesora asociada de Relaciones Internacionales en el University College de Londres, dijo que existían ciertos paralelismos con la forma en que los gobiernos autocráticos de América Latina llegaron a acuerdos para colaborar en la eliminación de sus oponentes políticos en el territorio del otro a finales de la década de 1970 a 1980.

"Tanto si siguen ideologías de derechas como de izquierdas, estos gobiernos autocráticos consideran que la oposición y la disidencia constituyen una amenaza para su supervivencia en el poder y, por tanto, que hay que eliminarlas, sean cuales sean los medios necesarios", declaró Lessa a la AP.