El alcalde de la capital de un estado del sur de México ha sido asesinado apenas una semana después de que tomara posesión de su cargo, informaron las autoridades el domingo.
Alejandro Arcos tomó posesión el lunes pasado como alcalde de Chilpancingo, una ciudad tan violenta que una banda de narcotraficantes organizó abiertamente una manifestación, secuestró un vehículo blindado del gobierno y tomó como rehenes a policías en 2023 para conseguir la liberación de sospechosos detenidos.
Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco.
La fiscalía del estado emitió un comunicado el domingo en el que confirmaba que Arcos había sido asesinado, pero no proporcionó más detalles.
Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, lamentó el asesinato de Arcos y dijo que la recién instalada secretaria del ayuntamiento también había sido asesinada tres días antes.
"Llevaban menos de una semana en el cargo", escribió Moreno en sus cuentas de las redes sociales. "Eran servidores públicos jóvenes y honestos que buscaban el progreso de su comunidad".
Chilpancingo ha sido durante mucho tiempo escenario de sangrientas luchas territoriales entre dos bandas de narcotraficantes, los Ardillos y los Tlacos. La batalla ha dado lugar a docenas de espantosos asesinatos y a algunos escándalos de gran repercusión.
Una alcaldesa anterior fue grabada en vídeo celebrando aparentemente una reunión con dirigentes de una de las bandas en un restaurante. Posteriormente fue expulsada de su partido.
En julio de 2023, funcionarios federales afirmaron que una manifestación celebrada por cientos de personas en Chilpancingo ese mes había sido organizada por la banda de los Ardillos para conseguir la liberación de dos líderes de la banda detenidos por posesión de drogas y armas.
Los manifestantes bloquearon en gran medida todo el tráfico de la autopista entre Ciudad de México y Acapulco durante dos días, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y se apoderaron de un camión blindado de la policía y lo utilizaron para derribar las puertas del edificio de la legislatura estatal.
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Los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y de la Guardia Nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los retuvieron como rehenes para hacer cumplir sus demandas antes de liberarlos.