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Ésta es la era de la conciencia climática, en la que todas las empresas alardean de sus esfuerzos ecológicos como si fueran insignias de honor. Pero la reciente presentación de directrices por parte de la administración Biden para reforzar la credibilidad del mercado voluntario del carbono revela una realidad preocupante: las compensaciones de carbono, supuestas salvadoras de nuestro planeta, no son la panacea que dicen ser.

A primera vista, el concepto parece noble. Las empresas compran créditos de carbono, cada uno de los cuales representa supuestamente la reducción de una tonelada métrica de CO2, mediante proyectos como la plantación de árboles o la instalación de energías renovables. Estos créditos, en teoría, anulan las emisiones producidas por la empresa compradora, lo que les permite proclamarse emisores neutros de carbono o incluso emisores netos cero.

Sin embargo, si se profundiza más, la farsa empieza a desmoronarse. Tomemos el caso del gigante tecnológico Apple, anunciado por sus avances hacia la neutralidad de carbono, por ejemplo. Una parte significativa de la reducción de emisiones que afirma haber conseguido la empresa procede de la compra de compensaciones climáticas, incluidas inversiones en proyectos como plantaciones de eucalipto en el lejano Paraguay. Sin embargo, la realidad tras estos proyectos dista mucho de ser una utopía verde.

Biden hablando

El gobierno de Biden debería dar prioridad a iniciativas de sentido común que realmente aporten algún tipo de cambio positivo. (AP Photo/Ted S. Warren, Archivo)

Como señaló recientemente Bill Walker, periodista y veterano ecologista, la difícil situación de los campesinos, a menudo pasada por alto en los relatos ostentosos de la sostenibilidad empresarial, sirve de conmovedor recordatorio del coste humano que hay detrás de los proyectos de compensación de emisiones de carbono. 

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Estas comunidades marginadas, ya de por sí vulnerables a las disparidades económicas, se llevan la peor parte de la codicia empresarial enmascarada como gestión medioambiental. Desplazadas de sus tierras ancestrales, quedan en la indigencia, con sus medios de vida sacrificados en el altar del beneficio. La promesa de beneficios climáticos suena vacía cuando los árboles talados, promocionados como sumideros de carbono, se convierten rápidamente en bienes de consumo, perpetuando un ciclo de explotación y degradación medioambiental.

Los gigantes empresariales, que ejercen un poder y una influencia inmensos, han aprovechado el atractivo de las promesas de cero emisiones netas como estrategia de relaciones públicas, ocultando su continua contribución a la crisis climática. Tras las grandes promesas de las iniciativas ecológicas se esconde una cruda realidad: la dependencia de las compensaciones de carbono para compensar sus atroces emisiones. 

Este planteamiento, que recuerda a poner una tirita endeble en una herida supurante, hace poco por abordar las causas profundas de la degradación medioambiental. Se trata de un intento cínico de apaciguar el escrutinio público mientras se mantienen las actividades habituales, perpetuando un ciclo de destrucción ecológica bajo la apariencia de sostenibilidad.

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Las investigaciones sobre el mercado de compensaciones han desvelado las capas del "lavado verde", revelando una verdad inquietante: la mayoría de los créditos vendidos no son más que humo y espejos. Las condenatorias revelaciones ya han puesto al descubierto el alcance de esta farsa, con un asombroso 94% de los créditos de conservación forestal vendidos por Verra, la mayor bolsa de compensaciones, considerados "créditos fantasma". 

Estas revelaciones subrayan el defecto fundamental de las compensaciones de carbono. Básicamente, proporcionan un cómodo resquicio para que los contaminadores continúen con sus prácticas destructivas sin control, todo ello mientras se hacen pasar por guardianes del medio ambiente. 

La nueva iniciativa de la administración Biden no hace sino aumentar el engaño. Una de las prácticas más habituales y preocupantes en el mercado de compensación de emisiones de carbono es la doble contabilidad. Esto ocurre cuando varias partes reclaman la misma reducción de emisiones. Por ejemplo, un proyecto puede afirmar que reduce las emisiones en una cantidad determinada, pero esas reducciones también se contabilizan en los objetivos nacionales o internacionales de reducción de emisiones, inflando esencialmente el impacto de la compensación. 

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La "adicionalidad" es un principio clave de la compensación, que establece que los proyectos financiados con compensaciones deben dar lugar a reducciones de emisiones que no se habrían producido de otro modo. Sin embargo, muchos proyectos de compensación no consiguen demostrar la adicionalidad, lo que significa que las reducciones de emisiones que se alegan probablemente se habrían producido de todos modos, sin la financiación de la compensación. 

Además, el mercado de compensación de carbono carece de transparencia en muchos casos, lo que dificulta que los consumidores verifiquen la legitimidad y eficacia de los proyectos de compensación. Sin normas claras y mecanismos sólidos de supervisión y verificación, hay muchas posibilidades de que se produzcan fraudes y lavado verde. La falta de transparencia está ligada a la falta de un marco regulador, lo que permite la existencia de lagunas y una aplicación laxa. Esto crea un terreno fértil para que los malos actores exploten el sistema en su propio beneficio, sin aportar ningún beneficio medioambiental real.

Barbara Haya, una respetada autoridad en la investigación del comercio de carbono, caracterizó sucintamente el mercado de compensaciones como "roto". Su astuta observación subraya la necesidad urgente de un cambio de paradigma en la forma en que conceptualizamos y aplicamos las estrategias de mitigación del carbono. 

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En lugar de perpetuar la ilusión de sostenibilidad mediante gestos simbólicos y permitir que las grandes empresas se beneficien de las malas políticas, el gobierno de Biden debería dar prioridad a iniciativas de sentido común que realmente aporten algún tipo de cambio positivo. 

La disfunción del mercado de compensaciones no es sólo un contratiempo normativo; es emblemática de un modelo más amplio de ecologismo corporativizado, en el que las entidades con ánimo de lucro capitalizan las medidas a medias. 

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