Los demócratas niegan los delitos de los inmigrantes ilegales. Esta es la realidad que el resto de Estados Unidos no puede ignorar

Cada vez que un inmigrante ilegal comete un delito, los focos apuntan a la complicidad de los demócratas

A medida que se agrava la crisis en nuestra frontera, los demócratas trabajan incansablemente para desviar la atención de la alarmante realidad de que los inmigrantes ilegales están cometiendo delitos en ciudades estadounidenses de costa a costa. Los demócratas son plenamente conscientes de que cada vez que un inmigrante ilegal comete un delito, el foco de atención recae inevitablemente sobre su complicidad.

Tras el trágico asesinato de Laken Riley, joven estudiante de enfermería, presuntamente a manos de un inmigrante ilegal de Venezuela, los portavoces demócratas se apresuraron a vender la misma manida narrativa: que los inmigrantes ilegales cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses. 

NPR y Glenn Kessler, del Washington Post, repitieron recientemente como loros estudios que afirman que las tasas de encarcelamiento son más bajas entre los inmigrantes varones que entre los nativos.

Tras el trágico asesinato de Laken Riley, los portavoces demócratas se apresuraron a vender el mismo discurso manido: que los inmigrantes ilegales cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses. (Getty Images)

Nadie discute que los inmigrantes ilegales cometan más delitos que los estadounidenses (a menos que cuentes su entrada ilegal, claro). La cuestión es que cometen delitos estando en el país ilegalmente. Estos delitos no se producirían si nuestra seguridad fronteriza fuera eficaz.

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En mi último libro,"What's Killing America: Inside the Radical Left's Tragic Destruction of Our Cities", expongo la falacia de las afirmaciones basadas en datos sobre los delitos de los inmigrantes ilegales.

Tomemos, por ejemplo, el asombroso número de inmigrantes ilegales acusados de delitos en los estados de la costa oeste de Washington, Oregón y California. ¿Estás preparado? Es cero, gracias a las políticas de los estados santuario que prohíben a las fuerzas del orden preguntar sobre el estatus de ciudadanía.

Cuando te acusan de robar en una tienda en San Francisco, de atropello y fuga en Portland o de agresión en Seattle, no se determina el estatus de ciudadanía debido a las políticas de santuario. 

Esta falta de documentación crea una imagen distorsionada de los índices de delincuencia, sobre todo en las ciudades santuario, donde se evitan los casos que pueden conducir a la deportación. Cuando un inmigrante ilegal comete un delito y evita la cárcel mediante programas de desvío, su condición de ciudadano sigue siendo la de indocumentado. El fiscal radical del condado de Los Ángeles, George Gascon, llegó a ordenar a los fiscales que evitaran los casos con consecuencias para la inmigración.

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"Todas las determinaciones sobre la presentación de cargos se llevarán a cabo con el objetivo de evitar o mitigar las consecuencias negativas para la inmigración de una decisión cuando se conozcan, sean posibles o lo permitan", ordena la política. "En estas circunstancias y cuando, en consonancia con la seguridad pública, existan alternativas a la presentación de cargos, se buscarán dichas alternativas".

Si los delitos quedan intencionadamente impunes para ocultar el estatus de ciudadanía, ¿cómo podemos fiarnos de los datos sobre tasas de criminalidad? Además, la afluencia de inmigrantes ilegales desconocidos que cruzan la frontera complica la evaluación precisa de sus índices de delincuencia en comparación con los de los ciudadanos estadounidenses.

Mientras los demócratas restan importancia a estos delitos, estadounidenses inocentes sufren las consecuencias.

Este mismo mes, un trágico incidente recibió escasa atención nacional. Un inmigrante ilegal con un largo historial delictivo está acusado de matar a un policía estatal de Washington de 27 años , Christopher Gadd, que dejó mujer y una hija de 2 años. Según documentos judiciales, Raúl Benítez Santana admitió haber bebido y fumado hierba antes de chocar supuestamente contra el vehículo del policía al norte de Seattle, en la interestatal 5, una madrugada de fin de semana.

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El ICE confirmó que Santana está en el país ilegalmente desde México. No está claro cuándo entró ilegalmente en el país, pero ha cumplido condena en la cárcel dos veces desde 2013 y fue acusado inicialmente de un delito que le habría hecho susceptible de deportación, si sólo se le permitiera legalmente preguntar por su condición de ciudadano. 

El nuevo libro de Jason Rantz es "What's Killing America: Inside the Radical Left's Tragic Destruction of Our Cities" (Lo que está matando a América: la trágica destrucción de nuestras ciudades por la izquierda radical) (Center Street)

Santana fue acusado de agredir a su novia en agosto de 2017, dejándola con la nariz rota y la cara ensangrentada. Durante la investigación, se encontró a Santana con "múltiples documentos de identidad suyos en los que figuraban diversos nombres y otros datos identificativos modificados, como números de la seguridad social", según los registros judiciales. Esto normalmente levantaría sospechas de que estaba en el país ilegalmente. Pero si las fuerzas de seguridad sospechaban que estaba aquí ilegalmente, habrían tenido que ignorarlo.

En agosto de 2017, las autoridades del condado de King (junto con la ciudad de Seattle) se declararon orgullosamente santuario para los inmigrantes ilegales. En 2019, a Santana se le ofreció un acuerdo de culpabilidad sin delito con cumplimiento de condena, dos días después de que el gobernador promulgara la legislación demócrata de estado santuario.

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Éste es sólo un ejemplo de cómo la inmigración ilegal provoca tragedias evitables. La agenda demócrata de fronteras abiertas tiene consecuencias reales, pues más estadounidenses inocentes son víctimas de delitos que podrían haberse evitado con políticas de inmigración más estrictas.

Es hora de que los demócratas reconozcan los peligros que plantea la inmigración ilegal y den prioridad a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses por encima de las agendas políticas. La negación de esta realidad sólo perpetúa el ciclo de delincuencia y victimización en nuestras comunidades.

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