En una era en la que la simplicidad impulsa el éxito -desde los tweets virales a los principios de las lean startups-, la administración pública sigue siendo un bastión de complejidad innecesaria. La legislación, los reglamentos, los expedientes judiciales y las sentencias se convierten en laberintos de jerga jurídica que alienan a los ciudadanos, sobrecargan a los funcionarios y paralizan la justicia.
Ha llegado la hora de una reforma radical, pero sencilla: implantar límites de palabras para garantizar la brevedad y la claridad en todos los procesos gubernamentales.
No se trata sólo de una idea abstracta; es una visión factible para el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del presidente Trump. Para los dirigentes del DOGE, Elon Musk , cuyas empresas prosperan gracias a la eficiencia y la innovación, y para Vivek Ramaswamy, esta propuesta debería ser la base para mejorar el funcionamiento de Estados Unidos.
El problema: una crisis de complejidad
La gobernanza moderna se ahoga en palabras. Con más de 6.000 páginas, el código tributario estadounidense es un excelente ejemplo de cómo la excesiva complejidad crea ineficacia. En los últimos 50 años, el código IRS ha pasado de 1,5 millones de palabras a casi 10 millones en la actualidad. Las normativas de los organismos federales suelen abarcar miles de páginas, repletas de jerga casi imposible de descifrar para el ciudadano medio, o incluso para los expertos.
Los procesos judiciales no son mejores. Los escritos jurídicos pueden llegar a tener cientos de páginas, y las opiniones judiciales a menudo se parecen más a sagas épicas que a simples sentencias. ¿Cuál es el resultado? Retrasos, confusión, ofuscación y costes significativos que perjudican desproporcionadamente a las pequeñas empresas, los particulares y las comunidades con pocos recursos. Los abogados se ven incentivados a hacer complejo lo sencillo para aumentar sus horas facturables.
Esta maraña no sólo ralentiza el progreso, sino que genera desconfianza. Cuando el gobierno es ininteligible, se vuelve inaccesible, socavando su legitimidad.
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La Solución: Adoptar la brevedad
Un límite de palabras obligatorio para las leyes, los reglamentos y los documentos jurídicos cambiaría las reglas del juego. Del mismo modo que el límite de caracteres deTwitter obligaba a los usuarios a destilar sus pensamientos, el límite de palabras en la gobernanza fomentaría una redacción disciplinada, un lenguaje accesible y una mayor concentración en las prioridades. El gobierno podría dar prioridad a la claridad, reducir el despilfarro y agilizar la toma de decisiones limitando la verborrea. He aquí cómo podría ser:
- Legislación: Los proyectos de ley en el Congreso se limitarían a un número determinado de palabras, acompañadas de resúmenes en lenguaje sencillo para garantizar la transparencia. El Congreso limitaría el número total de palabras de toda la legislación estadounidense, obligando así a eliminar la legislación obsoleta antes de aprobar nuevas leyes.
- Normativa: Las agencias federales adoptarían directrices de lenguaje conciso, centrándose en la brevedad, la claridad y la aplicabilidad en el mundo real.
- Expedientes judiciales y dictámenes: La limitación de los escritos jurídicos y las opiniones judiciales agilizaría los casos, reduciría los costes y haría más accesible la justicia.
Aprender del éxito
La historia nos demuestra que la brevedad funciona. La Constitución de EE.UU., la base del gobierno estadounidense, contiene menos de 5.000 palabras. Contrasta con proyectos de ley modernos como la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, que ocupa más de 2.000 páginas.
En el ámbito internacional, países como Nueva Zelanda y Singapur dan prioridad a leyes y reglamentos redactados en un lenguaje sencillo, lo que les ha granjeado una reputación de eficacia y transparencia. Estados Unidos puede -y debe- seguir su ejemplo.
Dirigiéndose a los críticos
Los escépticos podrían argumentar que el límite de palabras simplifica en exceso cuestiones complejas. Pero complejidad y verbosidad no son lo mismo. Los límites de palabras no eliminarían los matices; obligarían a los escritores a aclarar las prioridades y afinar los argumentos. El exceso de detalles a menudo oscurece más de lo que revela.
Además, esta reforma no sería un instrumento contundente. Los distintos tipos de documentos -legislación, reglamentos, dictámenes judiciales- tendrían límites adaptados para equilibrar la brevedad con la necesidad.
Un nuevo camino
La introducción de límites de palabras podría comenzar con programas piloto, posiblemente una función del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. El Congreso podría experimentar con límites en la legislación no esencial, mientras que organismos como la SEC o la FDA podrían probar procesos simplificados de elaboración de normas.
Los beneficios se extenderían por todo el sistema: decisiones más rápidas, menores costes y un gobierno que la gente pueda entender realmente.
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En una época en la que los estadounidenses son cada vez más escépticos respecto al gobierno, un cambio hacia la brevedad y la claridad podría restablecer la confianza.
A veces, menos palabras hablan más alto. Empecemos a contar.