Un juez federal de Florida dictaminó que una ley estadounidense que prohíbe poseer armas de fuego en el interior de las oficinas de correos es inconstitucional.
La jueza de distrito Kathryn Kimball Mizelle, nombrada por el ex presidente Trump, citó una decisión histórica del Tribunal Supremo de EE.UU. de 2022 que ampliaba los derechos sobre las armas cuando dictó su sentencia el viernes, que desestimaba parte de una acusación contra un empleado de correos por posesión ilegal de un arma en una instalación federal.
La sentencia del Tribunal Supremo de 2022 Asociación del Rifle y la Pistola del Estado de Nueva York contra Bruen reconoció el derecho de una persona a llevar una pistola en público para defensa propia y estableció una nueva prueba para evaluar las restricciones de las armas de fuego que, según dijo, debe ser "coherente con la tradición histórica de esta nación de regulación de las armas de fuego."
Mizelle dijo que la acusación contra el conductor de camión del Servicio Postal de EE.UU. Emmanuel Ayala violaba su derecho a poseer y portar armas según la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.
"[Una] restricción general de la tenencia de armas de fuego en las oficinas de correos es incongruente con la tradición estadounidense de regulación de las armas de fuego", escribió.
Pero el juez se negó a desestimar otro cargo por resistencia a la autoridad.
Ayala, que trabaja en Tampa, tenía permiso para portar armas ocultas y llevaba una pistola Smith & Wesson de 9 mm en una riñonera para defensa personal, según sus abogados.
Los fiscales afirmaron que introdujo el arma en una propiedad del Servicio Postal en 2012 y huyó de los agentes federales cuando intentaron detenerlo, y posteriormente fue acusado.
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Ayala fue acusado en virtud de una ley que prohíbe ampliamente poseer un arma de fuego en una instalación federal, incluida una oficina de correos.
Mizelle dijo que las oficinas de correos han existido desde la fundación del país y que la ley federal no prohibió las armas en los edificios gubernamentales hasta 1964 y en las oficinas de correos hasta 1972. Dijo que no existe ninguna práctica histórica que se remonte al siglo XVIII que justifique la prohibición.
El juez dijo que permitir que el gobierno federal restrinja a los visitantes la entrada de armas en las instalaciones gubernamentales le permitiría "coartar el derecho a portar armas regulándolo hasta su práctica inexistencia".
Reuters ha contribuido a este informe.