Un nuevo informe de las Naciones Unidas determinó que las ejecuciones aumentaron en Irán durante el mes de agosto, lo que llevó a los expertos a instar al gobierno del país a detener la oleada ilegal.
"Estamos profundamente preocupados por este brusco aumento de las ejecuciones", manifestaron expertos de la ONU, entre ellos relatores especiales sobre derechos humanos, en un comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
"Según la información recibida, de las 93 ejecuciones de agosto, la República Islámica de Irán sólo informa oficialmente de una parte, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de transparencia", añadieron los expertos.
La ONU informó de que casi la mitad de las ejecuciones llevadas a cabo el mes pasado se produjeron en respuesta a presuntos delitos de drogas, lo que, según subrayaron los expertos, va en contra de las "normas internacionales."
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL "DEBE PRESIONAR A IRÁN": OFIR AKUNIS
"Los países que mantienen la pena de muerte deben garantizar que las personas no son sometidas a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante todo el proceso de justicia penal", afirmaron los expertos.
"Las ejecuciones erróneas son irreversibles. La actual aplicación de la pena de muerte en la República Islámica de Irán nos deja sumamente preocupados por la posibilidad de que se haya ejecutado a personas inocentes", añadieron los expertos. "Renovamos nuestro llamamiento a las autoridades iraníes para que detengan las ejecuciones de todas las personas condenadas a muerte".
Los delitos relacionados con las drogas se han convertido en uno de los principales motivos del gobierno iraní para llevar a cabo ejecuciones, que han alcanzado su nivel más alto en ocho años, según Amnistía Internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es miembro, limita la pena de muerte a los "delitos más graves", entre los que no se incluyen los delitos relacionados con las drogas.
La organización sin ánimo de lucro alega en un informe publicado a principios de este año que las ejecuciones en Irán empezaron a aumentar tras los disturbios de 2022 que provocó la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que murió en circunstancias sospechosas tras un enfrentamiento con la policía de moralidad iraní debido a que supuestamente no llevaba correctamente su pañuelo hiyab.
En el informe, Amnistía Internacional caracteriza el uso que hace Irán de las ejecuciones no como una herramienta de castigo, sino de intimidación, con la que pretende "infundir miedo entre la población y afianzar su control del poder."
Irán ha ejecutado este año a más de 400 personas, entre ellas más de una docena de mujeres, lo que sitúa al país en vías de igualar las aproximadamente 850 ejecuciones de 2023, la mayoría de las cuales castigaron a disidentes políticos.
"No hay que olvidar el cambio en la cúpula: Las sillas musicales entre presidentes iraníes no han tenido ninguna relación con la difícil situación del pueblo iraní, incluidas las violaciones de derechos y las ejecuciones en el país", declaró a Fox News Digital Behnam Ben Taleblu, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
"Aquí se muestra la verdadera cara de Teherán", argumentó Taleblu. "El aumento de las ejecuciones, incluso por presuntos delitos relacionados con las drogas, es una característica, no un defecto, de la visión que la República Islámica tiene del orden en casa".
"Los juicios amañados, las confesiones forzadas y las violaciones de las garantías procesales ocupan un lugar demasiado destacado en estos casos de condenas a muerte", añadió.
La ONU destacó el caso de Reza Rasaei, manifestante irano-kurdo al que las autoridades castigaron basándose en una "confesión obtenida presuntamente mediante tortura".
El gobierno alegó que Rasaei estaba implicado en la muerte de un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y prosiguió la ejecución incluso después de que los coacusados se retractaran de sus testimonios sobre su implicación y de que un forense impugnara la participación de Rasaei.
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Los relatores especiales forman parte del grupo de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y llevan a cabo misiones de investigación y supervisión de "mecanismos que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo".