Un juez federal de Kentucky rechazó la ampliación de las protecciones implantadas por la administración Biden-Harris para los trabajadores agrícolas extranjeros que vienen a EEUU con visados H-2A.
El lunes, el juez de distrito estadounidense Danny Reeves concedió una orden judicial que se ponía del lado de los granjeros de Kentucky y de los fiscales generales republicanos de Kentucky, Ohio, West Virginia y Alabama, que argumentaban que las nuevas normas constituían la concesión a los trabajadores agrícolas extranjeros de derechos de negociación colectiva. Reeves dijo que el Congreso, y no la administración Biden-Harris , tendría que determinar si se permite a los titulares de visados H-2A el derecho a sindicarse.
Esas nuevas normas, aplicadas por el Departamento de Trabajo de EE.UU. en abril, ampliaron las protecciones para los titulares de visados H-2A, incluida la obligación de los empresarios de garantizar que no intimidarían, amenazarían o discriminarían de otro modo a los trabajadores agrícolas extranjeros por "actividades relacionadas con la autoorganización" y "actividades concertadas con fines de ayuda mutua o protección en relación con los salarios o las condiciones de trabajo".
"En lo que quizá sea su arrogación de autoridad más flagrante, la Norma Final pretende ampliar a los trabajadores H-2A numerosos derechos de los que antes no gozaban mediante sus disposiciones sobre voz y poder de los trabajadores", escribió el juez Reeves. "El DOL justifica este intento de expansión normativa como un esfuerzo por evitar el supuesto 'trato injusto' de los trabajadores H-2A por parte de los empresarios para proteger a los trabajadores estadounidenses en situación similar".
"La Norma Final no crea tan furtivamente derechos sustantivos de negociación colectiva para los trabajadores agrícolas H-2A mediante las 'prohibiciones' que impone a sus empleadores", escribió Reeves. "Enmarcando estas disposiciones como meras ampliaciones de las políticas contra las represalias, el DOL intenta conceder a los trabajadores H-2A derechos sustantivos sin autorización del Congreso".
En virtud de una medida cautelar previa dictada por un juez federal de Georgia, las nuevas normas ya habían sido bloqueadas en 17 estados. La decisión de Reeves no se aplica en todo el país.
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El Congreso creó el programa de visados agrícolas temporales H-2A en 1986 mediante la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, que permite a los empresarios contratar a trabajadores agrícolas extranjeros con carácter temporal y estacional, cuando escasean los trabajadores estadounidenses para cubrir los puestos necesarios. Incluye protecciones para los trabajadores estadounidenses, entre ellas la fijación de un salario mínimo para los extranjeros que vengan a trabajar al amparo del programa.
El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, argumentó que las normas de la administración Biden-Harris podrían haber causado "daños graves e irreversibles a los agricultores que sólo intentan salir adelante y llevar alimentos a las mesas de Kentucky".
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"Deberíamos trabajar para ayudar a los agricultores de Kentucky, no para dejarles sin negocio. Esta norma ilegal e innecesaria de la Administración Biden-Harris habría dificultado la llegada de los productos de los agricultores a las estanterías de las tiendas de comestibles y habría aumentado los precios, ya de por sí elevados, para las familias", declaró Coleman en un comunicado. "Seguiremos haciendo lo correcto para defender a los agricultores de Kentucky".