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El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue promocionado en su día por las autoridades estadounidenses como un aliado clave en la guerra contra las drogas. Ahora, los fiscales federales afirman que el dirigente político dirigió su nación centroamericana como un "narcoestado", recaudando millones de dólares de violentos cárteles para alimentar su ascenso al poder.

Casi dos años después de su detención y extradición a Estados Unidos, Hernández será juzgado en un tribunal federal de Manhattan por tráfico de drogas y posesión de armas. Está previsto que la selección del jurado comience el martes.

Se trata de una sorprendente caída en desgracia para un dirigente político considerado durante mucho tiempo -tanto por las administraciones demócratas como por las republicanas- beneficioso para los intereses estadounidenses en la región, incluida la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la ayuda para frenar las oleadas de emigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos.

El hecho de que Hernández sea juzgado en Estados Unidos y no en su país natal subraya la debilidad institucional de Honduras, afirma Raúl Pineda Alvarado, analista político hondureño y ex diputado durante tres mandatos del Partido Nacional de Hernández.

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"Para los hondureños significa lo débil que es nuestra democracia en cuanto a la separación de poderes", dijo. "Los políticos no están sujetos a ningún control".

Las autoridades federales afirman que, durante casi dos décadas, Hernández se benefició del tráfico de drogas que introdujo cientos de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos, incluso trabajando a veces con el poderoso cártel de Sinaloa en México.

Juan Orlando Hernández

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández será juzgado en Nueva York por permitir a sabiendas el tráfico de drogas a través de su país a cambio de recibir millones de los cárteles. (Sean Gallup/Getty Images)

A su vez, los millones de dólares procedentes del narcotráfico que empezaron a llegar a Hernández en torno a 2004 impulsaron su ascenso desde diputado en representación de su provincia natal en el oeste de Honduras hasta presidente del Congreso Nacional y, posteriormente, dos mandatos presidenciales consecutivos, de 2014 a 2022, según los fiscales.

A cambio de sobornos que apuntalaban sus aspiraciones políticas, según los fiscales estadounidenses, se permitió a los narcotraficantes operar en el país casi con impunidad, recibiendo información para evadir a las autoridades e incluso escoltas de las fuerzas del orden para sus envíos.

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Durante su primera campaña presidencial ganadora, Hernández solicitó 1,6 millones de dólares a un narcotraficante para apoyar su candidatura y las de otros políticos de su partido político conservador, afirman los fiscales federales.

Su hermano también recibió una donación para la campaña de un millón de dólares del famoso capo de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, con la promesa de que los cargamentos de droga del cártel pasarían sin problemas por Honduras si Hernández era elegido.

Los fiscales federales de Nueva York pasaron años abriéndose camino a través de las organizaciones de narcotraficantes hondureños antes de llegar a la persona que muchos creían que estaba en la cúspide: Hernández.

Fue detenido en su domicilio de Tegucigalpa, la capital hondureña, en febrero de 2022, sólo tres meses después de dejar el cargo, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.

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El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo entonces que Hernández abusó de su cargo de presidente "para operar el país como un narcoestado".

Los abogados de Hernández declinaron hacer comentarios antes del juicio, en el que se espera que los fiscales se basen en testimonios de narcotraficantes y de funcionarios de las fuerzas de seguridad y políticos hondureños corruptos.

El ex presidente, que obtuvo un máster en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, ha mantenido firmemente su inocencia, afirmando que las acusaciones son una venganza de unos narcotraficantes a los que había extraditado a Estados Unidos.

Hernández se enfrenta a cargos federales que incluyen conspiración para el tráfico de drogas y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Mientras tanto, sus coacusados -el ex jefe de la policía nacional hondureña, Juan Carlos Bonilla, y el primo de Hernández, Mauricio Hernández Pineda- se declararon culpables en las últimas semanas de cargos de narcotráfico en la misma sala de Manhattan donde se le juzgará.