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Los estadounidenses seguimos hablando de Irán desde una perspectiva anticuada. Hablamos de la guerra como algo que empieza con bombas, despliegues de tropas o declaraciones del Congreso. Sin embargo, Irán lleva desde 1979 librando una guerra asimétrica contra Estados Unidos y Occidente, a través del terrorismo, fuerzas aliadas, financiación ilícita, movimientos ideológicos, operaciones cibernéticas, alianzas criminales y tácticas de «zona gris» que se mantienen deliberadamente por debajo del umbral del conflicto convencional.

El verdadero peligro no es solo la capacidad de Irán. Es que nos negamos a reconocer la naturaleza de esta lucha.

Muchos estadounidenses ven el conflicto con Irán como algo que pasa «por ahí», en Gaza, el Líbano, Siria, Yemen, el Mar Rojo o el estrecho de Ormuz. En realidad, la infraestructura de Irán se ha arraigado mucho más cerca de casa: por toda América Latina, en los corredores de los cárteles, a través de redes financieras ilícitas, rutas migratorias y las brechas operativas dentro de los propios Estados Unidos.

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Esto no ha sido una casualidad. Se ha ido construyendo a propósito a lo largo de décadas mediante grupos proxy, la convergencia de actividades delictivas, redes ideológicas, financiación encubierta y técnicas operativas diseñadas para ocultar la autoría. De hecho, solo dos días después de que testificara ante el Congreso advirtiendo sobre la convergencia entre la infraestructura de los cárteles, los grupos proxy respaldados por Irán y la guerra en la zona gris, el Departamento de Justicia hizo públicas las acusaciones contra un ciudadano iraquí vinculado precisamente al tipo de arquitectura de amenaza híbrida que describí

La fiscalía ha acusado a Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, un alto mando de Kata’ib Hizballah (KH) —una milicia iraquí respaldada por Irán y vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)— de dirigir ataques contra objetivos judíos, israelíes y estadounidenses en toda Europa y Norteamérica, incluido un complot contra una sinagoga de Manhattan.

Lo más revelador de este caso no fueron simplemente los ataques en sí, sino el modelo operativo que había detrás de ellos.

Al parecer, Al-Saadi intentó coordinarse a través de redes de contrabando vinculadas a los cárteles mexicanos y de facilitadores criminales en todo el hemisferio occidental. Los atentados se llevaron a cabo bajo el nombre de un nuevo grupo de fachada, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), creado para parecer independiente mientras promovía los objetivos de KH, Hezbolá y el IRGC.

Esta estructura en capas ofrece seguridad operativa, negación plausible y distancia estratégica respecto a la propia violencia —rasgos característicos de las técnicas de espionaje iraníes—. Irán lleva décadas perfeccionando este modelo operativo. En 1983, el clérigo y agente de inteligencia iraní Mohsen Rabbani llegó a Argentina bajo una tapadera comercial y religiosa relacionada con la certificación de carne halal. Se convirtió en imán de una mezquita de Buenos Aires mientras ejercía como agregado cultural de Irán. A través de mezquitas, centros culturales, organizaciones benéficas, empresas pantalla y redes de la diáspora, ayudó a construir la infraestructura de Irán y Hezbolá por toda Latinoamérica. La zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) se convirtió en un centro neurálgico para los financiadores, contrabandistas, traficantes y blanqueadores de dinero de Hezbolá, que operaban junto a redes criminales. Este ecosistema hizo posible el atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas. La investigación del fiscal argentino Alberto Nisman reveló que Irán dirigió los atentados, mientras que Hezbolá los llevó a cabo a través de intermediarios en varias capas —una táctica que se repite hoy en día—.

No se trata de casos aislados de terrorismo. Reflejan una arquitectura asimétrica resistente, diseñada para actuar por debajo del umbral que desencadenaría una guerra convencional. Irán no ve las amenazas como compartimentos estancos —los hutíes en el mar Rojo, las milicias en Irak y Siria, Hezbolá en Latinoamérica o los cárteles en la frontera con EE. UU.—. Teherán las considera frentes interconectados en una campaña multidominio que aprovecha la infraestructura de la globalización: rutas de contrabando, redes de corrupción, finanzas ilícitas y lagunas en la gobernanza.

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Las redes de Hezbolá llevan mucho tiempo entrelazadas con el tráfico de drogas en Latinoamérica, la evasión de sanciones y el blanqueo de dinero. Las investigaciones de la DEA, como el Proyecto Cassandra, han documentado estos vínculos. Las recientes sanciones del Tesoro y del Departamento de Estado de EE. UU. se han centrado en los sistemas bancarios paralelos iraníes, las empresas pantalla, las redes de transporte marítimo y una «flota paralela» utilizada para transportar petróleo ilícito y financiar a grupos proxy. Estas herramientas financieras y logísticas sostienen el amplio aparato de la guerra por poder y la convergencia criminal.

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La misma lógica operativa se aplica en otros lugares. Los hutíes entorpecen el tráfico marítimo en el Mar Rojo con el respaldo de Irán y sin que este tenga que reconocerlo. Irán ejerce presión sobre los mercados energéticos a través del estrecho de Ormuz mediante acciones de acoso y grupos afines. En el hemisferio occidental, la influencia iraní se solapa con el «Cartel de los de Venezuela, las rutas transnacionales de tráfico de drogas y las redes antioccidentales en las que participan Rusia y China.

No todos los miembros de los cárteles trabajan para Teherán, pero los grupos hostiles suelen aprovechar esos mismos corredores de libre paso.

Esto genera un desajuste cada vez mayor: los adversarios libran una guerra irregular persistente y por debajo del umbral mediante redes, la erosión y la explotación de las sociedades abiertas, mientras que Estados Unidos sigue pensando en términos binarios como «guerra» frente a «paz», «extranjero» frente a «nacional» o «terrorismo» frente a«delincuencia».

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La frontera sur ya no es solo una cuestión de inmigración o de orden público. Se ha convertido en un punto de acceso estratégico al territorio nacional de EE. UU., donde las redes transnacionales se aprovechan de las lagunas de seguridad de una forma que recuerda a los entornos de guerra irregular. Dentro del país, esto va más allá de la delincuencia y afecta a la defensa nacional y a la seguridad de las infraestructuras críticas.

El caso Al-Saadi no es simplemente otra investigación sobre terrorismo. Es una advertencia. La guerra de Irán contra Occidente no empezó con una sola operación, y no se limitará al extranjero solo porque los estadounidenses se nieguen a reconocerla. Las redes de intermediarios, las rutas del crimen, los corredores migratorios, la logística marítima, las finanzas encubiertas y los ecosistemas de propaganda siguen adaptándose para ampliar su alcance sin dejar rastros.

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Los estadounidenses tienen que replantearse el debate. La amenaza es híbrida, está interconectada y ya está actuando en los puntos estratégicos clave de Occidente.

Reconocer el conflicto tal y como es —una campaña asimétrica de larga duración que ya está llegando al territorio nacional— es el primer paso para una defensa eficaz.